En consecuencia, la cartera represiva despleg\u00f3 fuerzas descomunales ante la movilizaci\u00f3n de organizaciones sociales y pol\u00edticas el 20 de diciembre pasado, como si se tratara de una guerra, mientras los medios serviles pintaban una conflagraci\u00f3n inexistente.<\/p>\n Bullrich fue responsable de convalidar diversas formas de intimidaci\u00f3n: desde la provocaci\u00f3n uniformada hasta la filmaci\u00f3n descarada de les asistentes, una forma de decir que el poder del garrote est\u00e1 vigilando. En d\u00edas de manifestaci\u00f3n, las fuerzas de seguridad se subieron a transportes p\u00fablicos, requisando a quienes les pareci\u00f3, sin mediar denuncia ni delito alguno. El protocolo, adem\u00e1s, establece medidas contra la organizaci\u00f3n de las protestas, a trav\u00e9s de multas (que el Estado decide de manera unilateral) y sanciones contra las entidades que sean identificadas como organizadoras. Tampoco prev\u00e9 ninguna instancia de derecho a la defensa para individuos ni colectivos.<\/p>\n Un mes m\u00e1s tarde, poco antes del paro y marcha convocados por la CGT y numerosas organizaciones pol\u00edticas y sociales, el Juez Kreplak exhort\u00f3<\/a> al Ministerio de Seguridad a abstenerse “de expedir \u00f3rdenes a las fuerzas de seguridad bajo su \u00f3rbita que impliquen que ( … )se filmen y\/o se intercepten a personas en la v\u00eda p\u00fablica”. Posteriormente, otro fallo deneg\u00f3 un h\u00e1beas corpus similar porque las amenazas a la privacidad no pod\u00edan demostrarse de antemano, pero no se pronunci\u00f3 sobre la constitucionalidad o no del protocolo.<\/p>\n Por la misma fecha, emitieron un documento<\/a> las Relator\u00edas Especiales de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica y de asociaci\u00f3n; sobre la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n del derecho a la libertad de opini\u00f3n y de expresi\u00f3n; y sobre la situaci\u00f3n de los defensores de derechos humanos. All\u00ed, los expertos internacionales advirtieron que la Argentina es firmante del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos y Sociales -teniendo en el pa\u00eds rango constitucional- y que mediante el protocolo “se estar\u00eda utilizando el derecho penal para sancionar un elemento de la naturaleza de las reuniones; el elemento disruptivo de la cotidianeidad para hacer p\u00fablica la expresi\u00f3n de ideas”. Clement Nyaletsossi Voule, Irene Kahn y Mary Lawlor -los Relatores mencionados- tambi\u00e9n objetaron art\u00edculos del -por ahora- ca\u00eddo proyecto de Ley \u00d3mnibus en los cuales se aumenta las penas para actividades propias del derecho a la protesta.<\/p>\n En sus 13 p\u00e1ginas, el documento de los Relatores expone con claridad -aunque con el estilo potencial que le corresponde- el profundo conflicto entre el Protocolo y los est\u00e1ndares internacionales sobre el derecho a la reuni\u00f3n pac\u00edfica, en particular los que surgen de la Observaci\u00f3n 37\/2020<\/a> del Comit\u00e9 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En ese instrumento, el \u00f3rgano internacional se\u00f1ala que el ejercicio del derecho a reuni\u00f3n pac\u00edfica puede “causar perturbaciones”, como afectar\u00a0 “a la circulaci\u00f3n de veh\u00edculos o peatones o la actividad econ\u00f3mica”, pero que tales conflictos “no ponen en entredicho la protecci\u00f3n” del derecho en cuesti\u00f3n.<\/p>\n La fuente de las reflexiones de los Relatores es el art\u00edculo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos<\/a>, que reconoce el derecho a la reuni\u00f3n pac\u00edfica.<\/p>\n Existe conflicto entre el derecho a la protesta y el derecho a la circulaci\u00f3n. No obstante, igualarlos en importancia para el conjunto de la sociedad es una decisi\u00f3n claramente ideol\u00f3gica, El gobierno de Milei, como el de Macri y el de varixs gobernadores de diferentes signos, prefieren acallar las protestas antes que ver complicado el tr\u00e1nsito. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos protege las reuniones de todo tipo -incluyendo las de protesta- quedando fuera de su \u00f3rbita las expresiones violentas. Cabe tener en cuenta que para la Observaci\u00f3n 37\/2020 del Comit\u00e9 de DDHH de la ONU los “empujones o la interrupci\u00f3n del tr\u00e1fico de veh\u00edculos o peatones o de las actividades diarias no constituye ‘violencia’<\/em>“.<\/p>\n Las cr\u00edticas no han hecho mella -al menos en p\u00fablico- a la decisi\u00f3n del gobierno de reprimir y coartar la protesta. Es probable que consideren que el ajuste brutal que llevan adelante en lo econ\u00f3mico provocare\u00e1 reacciones en quienes no pueden sostener la alimentaci\u00f3n m\u00e1s b\u00e1sica de la familia, carecen de acceso a una vivienda que los cobije m\u00ednimamente, y\/o se vean conminados a dejar de usar la luz, el gas o el transporte p\u00fablico.<\/p>\n En lugar de dar alg\u00fan atisbo de revisi\u00f3n, el gobierno sigue adelante con su despliegue a favor de la violencia. La Ministra anunci\u00f3 ayer la reposici\u00f3n de una norma habilitando el uso de armas de fuego en diversas circunstancias por parte de las fuerzas de seguridad. Tal decisi\u00f3n va de la mano con la iniciativa plasmada en el proyecto conocido como Ley \u00d3mnibus, donde se pretende consagrar la impunidad de polic\u00edas que asesinen o hieran con sus armas.<\/p>\n El gobierno de Milei sostiene que para resolver los problemas del pa\u00eds necesita numerosos medios represivos y facultades que pueda ejercer de manera arbitraria y absoluta. En ning\u00fan momento pide poderes para asegurar la comida, la vivienda, el ambiente, la salud, las condiciones educativas u otras necesidades inmediatas de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n El protocolo cuestionado es una de las piezas esenciales en la pata represiva que el gobierno quiere para imponer un per\u00edodo indefinido de desgracias colectivas.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En menos de un mes y medio, el protocolo represivo lanzado por Bullrich sufri\u00f3 las cr\u00edticas de la ONU y fallos adversos en la Justicia. A s\u00f3lo 4 d\u00edas de haber asumido el gobierno, el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich estableci\u00f3 un protocolo “anti protesta”. 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<\/a>Esta semana se conoci\u00f3 la resoluci\u00f3n<\/a> del Juez Federal Sebasti\u00e1n Casanello en relaci\u00f3n con una acci\u00f3n declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la legisladora porte\u00f1a Celeste Fierro (MST). El magistrado le pidi\u00f3 al Ministerio de Seguridad que elevara un informe fundamentando las restricciones impuestas por el protocolo a las manifestaciones, a lo que la cartera represiva respondi\u00f3 con alusiones gen\u00e9ricas al texto de diversos Pactos internacionales, pero sin aludir en concreto al de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, ni a la Observaci\u00f3n 37 mencionada m\u00e1s arriba, ni al documento de los Relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Casanello tambi\u00e9n remarc\u00f3 que la calificaci\u00f3n de una acci\u00f3n como un delito corresponde al Poder Judicial, y que las leyes que definen el tipo de esas conductas surgen del Poder Legislativo, por lo que son atribuciones ajenas al Ministerio que encabecea Bullrich.\u00a0 En consecuencia, el Juez resolvi\u00f3 exhortar a la cartera a adecuar la actuaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad a “los l\u00edmites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho” y a tomar raz\u00f3n de los est\u00e1ndares internacionales sobre el tema, explicados en el documento de los Relatores citado m\u00e1s arriba. Finalmente, el magistrado convoc\u00f3 a las partes y a la fiscal\u00eda a una audiencia de h\u00e1beas corpus para el pr\u00f3ximo 14 de febrero.<\/p>\n