En las últimas semanas miles de personas perdieron su trabajo en distintas reparticiones estatales argentinas. Aunque no se difundió un relevamiento exhaustivo, se sabe que al menos 15.000 personas se enteraron (o confirmaron) que ya no tendrán tareas en la función pública ni ingresos para atender las necesidades de sus familias.
“Todo lo que podamos privatizar lo vamos a privatizar”. Esas fueron las palabras de Milei que -con pequeñas variantes- fueron recogidas por la prensa en noviembre del año pasado. Aunque la expresión le suene novedosa a gente reacia a la historia, lo cierto es que es semánticamente idéntica a la que profirieron en el pasado Álvaro Alsogaray y José Alfredo Martínez de Hoz, ministros de economía de José María Guido y de la última dictadura, respectivamente.
Ya en el poder, el diplomado de economista avanzó con un DNU cuya legalidad está seriamente cuestionada y un proyecto mastodóntico que no logró imponer en el Congreso. Continúa ahora con una versión maquillada de la misma iniciativa, en medio del desmembramiento y la paralización de numerosos sectores del Estado.
Al 28 de marzo, el gremio estatal ATE estimaba que ya se habían concretado 10.000 despidos en el Estado. En la misma fecha, un informe de C5N, ofreció un detalle de la forma en la que las expusliones afectaron a diferentes áreas o reparticiones. Posteriormente, ElDiarioAr consignó un “mapa de despidos”, destacando desde el título la irracionalidad de las cesantías.
Hay muchxs trabajadorxs que aún no saben si seguirán en sus puestos o no, ya que no siempre hubo un telegrama que lo explicitase. A veces simplemente se da por hecho que la finalización del contrato exime al gobierno de informar la desvinculación, mientras que en otras ocasiones sólo la falta de acceso al sistema de gestión de documentos del Estado (GDE) dio indicios de un despido inminente. En otros casos se comunicó una prórroga de contrato por tres meses que de ningún modo brinda tranquilidad sobre el futuro laboral.
Lo que tienen en común estos despidos no es, como sostienen trolls y condescendientes, la falta de labor de lxs afectadxs, ni la vinculación con hechos de corrupción. Lo que unifica en gran medida esa enorme disparidad es que los puestos eliminados corresponden a funciones del Estado al servicio del conjunto de la población. Detrás del discurso discriminador lo que en verdad está en marcha es la disolución de controles sobre el arbitrio de los más poderosos, la descuartización de herramientas defensivas para los sectores más necesitados, y la aniquilación de recursos colectivos.
Veamos algunos ejemplos.
Según un nota publicada en Primerando las Noticias, las bajas llevaron al cierre de 64 sucursales de ANSES.
El Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) cuenta con unos 964 trabajadorxs dedicados a asistir a pequeños agricultores en todo el país en temas tan dispares como métodos de riego, trámites ante diferentes reparticiones, acceso a mercados, etc.
En el Servicio Meteorológico Nacional despidieron al menos a 54 empleadxs. En la web de Perfil puede leerse la situación del vocero del organismo, quien fue notificado telefónicamente de su baja y sin que mediara ningún tipo de justificación razonable. El Servicio no sólo ofrece pronósticos que orientan tanto actividades cotidianas como productivas, sino también sostiene el Sistema de Alerta Temprana que advierte con antelación sobre el riesgo de tormentas, nevadas, vientos fuertes, etc.
El gobierno también despidió empleadxs del SENASA (contra lo prometido, y bajo la figura de no renovación de contratos), pero el peligro del desguace del servicio fue advertido incluso por organizaciones representativas de empresas exportadoras, las que señalaron en un comunicado que lxs empleadxs del organismo mencionado y del Instituto Nacional de Semillas (INASE) “cumplen un rol estratégico para fiscalizar la producción y exportación de productos agropecuarios y agroindustriales”.
Los logros medibles tampoco han sido un obstáculo para que el gobierno desguace programas nacionales. El plan ENIA (embarazo No Intencional Adolescente) se creó en 2017 para asistir en educación sexual, acceso a anticonceptivos y otros aspectos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Su aplicación logró disminuir los embarazos adolescentes casi a la mitad. A pesar de esos resultados (¿o a causa de ellos?) el gobierno decidió desmantelarlo, dejando sin trabajo a quienes se desempeñaro en aquél.
Muchas rutas y caminos se encuentran actualmente en situación deplorable en todo el país. El personal encargado de planificar, evaluar, ejecutar y mantener el desarrollo vial reviste en Vialidad Nacional de la Nación. Allí se conretaron al menos 52 despidos en marzo último sólo en Entre Ríos, superando los 150 en todo el país, según La Izquierda Diario.
Los ejemplos podrían seguir, pero los que resumimos aquí alcanzan a dejar en claro que la guadaña no estuvo dirigida por criterios de eficiencia sino por mera intención de achicamiento en las erogaciones del Estado y por desprecio hacia las necesidades colectivas.
El discurso del gobierno y sus seguitrolles tiene como piedra angular las supuestas bondades de la inexistencia o no injerencia del Estado. Suele apoyarse en pequeños ejemplos, cuando no en manifiestas falacias, para sostenerlo.
Pocas veces en la Historia se ha puesto en marcha un modelo de prescindencia de lo colectivo. Quizás una de los más ilustrativos sobre su viabilidad y sus límites sea la experiencia reciente de una localidad estadounidense copada por “libertarios”.
Los osos que se comieron la utopía
Derecho a traficar órganos, a tener relaciones incestuosas, a manejar un auto sin licencia de conducir. En esa lista hay expresiones que más de uno relacionaría con el presidente argentino Javier Milei (o su admirado Benegas Lynch). Esas eran algunos de los reclamos que hacía en Internet y en nombre de la Libertad el informático Larry Pendarvis, uno de los pioneros del Free Town Project. Éste fue un emprendimiento libertario de colonización de un poblado, que tomó forma allá por 2008.
El proyecto en cuestión consistió en promover el traslado de personas identificadas con las ideas libertarias al pequeño pueblo de Grafton, New Hampshire, para imponer allí su pliego de individualismo y rechazo del Estado, especialmente en su manifestación más concreta en los bolsillos: los impuestos.
Los iniciadores del proyecto, según describe Mathew Hogoltz-Hetling en su libro “A Libertarian Walks into a Bear”, fueron el ya nombrado Pendarvis, Tim Condon (abogado de Florida), Bob Hull (comerciante) y Tony Lekas (Ingeniero de software).
La elección de New Hampshire, y en particular el condado de Grafton, tuvo raíces históricas que la alentaron: una larga tradición de rechazo a los impuestos y a las cargas establecidas desde el exterior.
Un par de centenares de autoreferenciados “libertarios”, en su mayoría hombres blancos y solteros, se trasladaron al pueblo elegido para formatearlo según su ideario individualista.
Al poco tiempo los residentes anteriores a la movida derechista se encontraron con que los nuevos vecinos asistían a las reuniones vecinales “con un arma bajo cada brazo”. Con ese trasfondo, el grupo logró imponer muchas de sus ideas, como la reducción del presupuesto municipal en un 30%. Así, el ajuste y el achicamiento del Estado inició en Grafton una experiencia concreta.
La exaltación del individualismo trajo consigo respuestas erráticas y contradictorias ante problemas comunes.
Pero contrariamente a los pronósticos de los impulsores, la iniciativa privada nunca reemplazó (ni mucho menos, superó) a la provisión de servicios aún de un ayuntamiento tan modesto como el de Grafton. En palabras de Hogoltz-Hetling, en los pocos caminos pavimentados de la zona “las grietas desatendidas en el asfalto primero se convirtieron en fisuras y luego se convirtieron en baches cubiertos de hierba”. No había recursos para atender un par de puentes en peligro de derrumbe, las reuniones comunales rechazaban invertir en insumos para cuestiones colectivas, y el servicio privado de bomberos era capaz de enfrentar al fuego de manera suficientemente eficaz.
Muchos indicadores sugieren profundos deterioros en las condiciones de vida: en los tiempos del auge libertario, cayó la tasa de reciclaje en Grafton, aumentó notablemente el número de ofensores sexuales registrados (pasó de 8 en 2006 a 22 en 2010) y en 2011 se produjo el primer asesinato que recuerde la región.
Las deficiencias que saltaban a la vista hicieron dudar a algunos acólitos del proyecto. Pero para la mayoría, los diagnósticos y recetas continuaban incólumes: había impuestos deamsiado altos, reglas asfixiantes y autoritarismo.
Sólo una parte de los pioneros del individualismo drástico entrevió que las soluciones que parecían tan fáciles en los foros de discusión resultaban mucho más complicadas en persona.
Entre las dificultades resalta la amplia población de osos en la zona, animales que constituían un riesgo concreto para los recursos de muchos familias pero a quienes algunos vecinos optaban por proteger y favorecer.
Los osos observados en Grafton se han destacado por un comportamiento inusualmente agresivo respecto de los seres humanos y sus animales, así como por su audacia e inteligencia poco comunes. Quizás sus conductas no se deban completamente al comportamiento errático de los ejemplares de libertarios de nuestra especie, pero sin dudas ha influido. En todo caso, señala Hogoltz-Hetling, la acumulación de libertarios y sus consignas fueron incapaces de contener a los úrsidos desbocados.
¿Película repetida o remake?
Las afirmaciones, la forma de expresarse y la lista de principios que dicen sostener los acólitos del Free Town Project son muy similares a los que se lee o escucha de muchos libertarios con ciudadanía argentina. Y la desarticulación masiva de funciones públicas emprendidas por la gestión de Milei parece ir en el mismo sentido.
La política oficial avanza decididamente a privar de ayuda de todos tipo a quienes más la necesitan, y desdeñar cualquier rastro de acción por el bien común, sea la infraestructura, la negociación diplomática, la salud o la educación públicas.
El oficialismo no considera relevantes ni la brutal caída en el consumo (especialmente en alimentos y medicamentos), ni la caída de la actividad económica, ni siquiera el retorno del déficit fiscal a pesar de los recortes a mansalva.
Pero es inevitable advertir que el discurso anti Estado tiene algunos huecos gigantescos, que muestran que la prédica es poco más que un pretexto para favorecer a los más pudientes.
Hay un conjunto de ítems donde el gobierno está decidido a que el Estado imponga su fuerza a toda costa. Lo testimonian los protocolos “antipiquetes”, las sucesivas represiones contra protestas de diferentes sectores, la compra de armas, el cumplimiento puntilloso del pago de la deuda externa (contrastando con toda obligación hacia los conciudadanos) y hasta en la política tributaria: Milei decía en 2020 que se iba a cortar el brazo antes de aumentar los impuestos, pero eso sólo vale para sus socios comerciales y políticos: a les trabajadores quiere volver a cobrarles el impuesto a las ganancias, y en enero de este año subió por decreto los gravámenes a los combustibles, que seguirán en ascenso hasta completar un 630% hasta mayo.
El experimento de Grafton cayó por el descalabro de la infraestructura y la imposibilidad de enfrentar a problemas colectivos como la invasión de los osos negros, ¿Habrá osos que pongan en jaque el descalabro libertario argentino?