“Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez”
Aquellas palabras de 1809 recobran recurrentemente su vigencia.
Hoy, aquí, en la Argentina de 2025, la potente expresión que la Junta Tuitiva lanzó hace 206 años se aplica dolorosamente al papel de medios, comunicadores estrella e instituciones que día a día callan ante calamidades desatadas o en potencia.
Mientras crecen Las arbitrariedades oficiales y la represión violenta en diversas formas, la enorme mayoría de la “Gran Prensa” (los comunicadores y medios de mayor alcance) sobreactúa normalidad, oculta o desenfoca la realidad, dando por normales hechos que apenas un par de años atrás hubieran sido motivo de escándalo coral en los mismos medios.
A sólo 4 días de haber asumido, Patricia Bullrich -Ministra de Seguridad de la Nación – anunció el famoso “protocolo antipiquetes”, por el cual las fuerzas de seguridad pueden reprimir a toda manifestación de protesta por el sólo hecho de ocupar la calle, en base al art. 194 del Código Penal que reprime a quien “estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”.
No se requiere un esfuerzo intelectual desmedido para advertir que semejante “protocolo” limita gravemente el derecho a la protesta en nombre de asegurar el derecho a transitar sin inconvenientes de ningún tipo. Es elemental advertir que cualquier manifestación importante (de las muchas que se hacen regularmente en la Argentina y que se acentúan en contexto de ajuste y empobrecimiento de vastos sectores sociales) necesitaría cientos de veredas ocupadas para producirse según los términos caprichosos (represivos) de este tipo de medidas.
A pesar de eso, la prensa en general mantuvo una imposible equidistancia entre asegurar que la circulación vehicular pueda ocupar cualquier calle en cualquier momento y la posibilidad de expresar protestas, disidencias, peticiones, etc., sin las cuales NO EXISTE DEMOCRACIA. Este último aspecto fue señalado por numerosos organismos de Derechos Humanos nacionales (ANDHES, CELS) e Internacionales (Amnistía Internacional, Relatorías de la ONU), pero esos dictámenes y análisis prácticamente no fueron presentados por los comunicadores más difundidos. No hubo coberturas ni investigaciones en torno a afirmaciones vertidas en esos instrumentos, en particular en lo que respecta a la inadecuación de la norma a los estándares internacionales sobre el tema.
El protocolo no quedó en enunciado. En un año dejó un saldo de al menos 1155 personas heridas, 73 personas criminalilzadas por participar en protestas y 33 manifestantes con heridas en los ojos, según el relevamiento de Amnistía Internacional citado más arriba.
Esas cifras contaron también con silencios y tergiversaciones cómplices.
El ejercicio de la violencia estatal contra manifestantes no es excepcional. Es una regla. Por eso alarma el silencio ante los palazos y gases que cada miércoles propinan las fuerzas de seguridad a jubiladas, jubilados y acompañantes.
El 12 de marzo de este año, Pablo Grillo -joven fotógrafo- recibió un disparo en la cabeza cuando cubría una de esas protesta de jubialdxs, en la que también habían confluido otros sectores en apoyo a las demandas de los mayores. El impacto fue causado por el disparo de un arma lanza gases accionado por un integrante de las fuerzas de seguridad que actuaba en medio de un grupo de Gendarmería y que -según la identificación que se puede leerse en fotografías y filmaciones- se trataría del cabo Héctor Guerrero. Grillo fue operado varias veces y estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, no hay nadie detenido por semejante acción. Más aún: la fuerza responsable -Gendarmería- emitió un dictamen express responsabilizando al propio fotógrafo, a pesar de que el efectivo disparó hacia abajo, con evidente riesgo para la integridad de los manifestantes.
Un diputado prominente (prominente autoritario, sobre todo) amenazó reiteradamente con “cárcel o bala” contra kirchneristas, izquierdistas, sindicalistas , referentes opositores y manifestantes de todo tipo. No tienen ninguna condena ni castigo por ello, mientras que a una joven militante -Alesia Abaigar- fue detenida, incomunicada y trasladada a una cárcel Federal sólo por haber tirado mierda (literal) de caballo frente a la casa del legislador matón. En el mismo operativo detuvieron también a su madre de 70 años.
Al momento de escribir estas líneas, hay 5 personas detenidas por el mismo hecho, incluyendo a la presidenta del bloque de concejales peronista, Eva Mieri.
Las detenciones fueron ordenadas por la jueza Federal Arroyo Salgado, por los supuestos delitos de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos, según se expresa en una nota en Tiempo Argentino.
Semejantes imputaciones resultan alevosamente desmedidas en un contexto en el que el propio presidente vive amenazando a “zurdos” y periodistas, sin que a la jueza en cuestión (ni a ningún fiscal, al parecer) le parezca que el mandatario incita al odio por razones políticas. Ni tampoco la reiteración de la amenaza de “cárcel o bala” de parte del dirigente devenido en víctima del caso.
Hay muchas más atrocidades para enumerar en lo que se refiere a derechos humanos, como habilitar a los militares a que detengan civiles; la asignación a la Policía Federal de funciones de espionaje en las redes, el llamado “ciberpatrullaje”, aunque no exista ningún pedido de juez alguno que lo solicite y violando derechos a la privacidad y a la libertad de expresión; la demolición de la libertad de expresión (señalada recientemente por The New York Times y por la Asociación de Escritores PEN Internacional, entre otros) perpetrada mediante los insultos del presidente, el acoso virtual a opositores , la destrucción de los medios públicos y el ahogo económico de medios comunitarios, alternativos y populares. El listado no es exhaustivo, pero ilustra el avance del totalitarismo oficial que, en definitiva, busca sostener un plan de destrucción de las capacidades nacionales y la sumisión de la gran mayoría de la población a los requerimientos de grandes negocios y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel.
Los casos referidos y la legislación pro-represiva que el gobierno impone permiten prever que el cercenamiento de libertades democráticas irá en aumento. A menos que la sociedad le ponga freno, aunque la respuesta institucional (poderes judicial y legislativo, grandes partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales) ha mostrado en su mayoría respuestas débiles e indecisas ante un escenario que -en lo discursivo- parecía inviable poco tiempo atrás.
Sin desdeñar la acción en las redes, se hace necesario volver a las bases, al cara a cara, a la expresión callejera, bajo consignas comunes que realmente pongan en agenda la recuperación de los derechos democráticos.
Hay que romper el silencio.
Una respuesta plural de ese tipo quizás ayude a plantearse objetivos más grandes e igualmente necesarios: recuperar capacidades nacionales (científicas, educativas, productivas, culturales) sin concesiones oportunistas que sólo han servido para alimentar a la derecha.
Muy buen artículo