Artículo originalmente publicado el 18 de febrero de 2018.
El respaldo a Chocobar y el discurso punitivista no es sólo marketing: hay un mensaje a las fuerzas de seguridad y una amenaza latente.
¿Qué nos dice el gobierno cuando Macri recibe a un policia que está procesado por matar a una persona? ¿Y cuando una ministra declara que le da «valor de verdad» a la versión de los asesinos de Rafael Nahuel? ¿Y qué significa cuando un montón de funcionarios abonan hipótesis sobre un caso que involucra a fuerzas de seguridad, que luego se comprueba que eran falsas?
En muchos artículos se analiza si estas afirmaciones forman parte de una estrategia proselitista; otros las consideran como parte de una cortina de humo, para que medios, vecinos y pasillos no hablen demasiado de la situación económica o de la corrupción macrista.
Sin ser un perito en la materia, como diría Leo Masliah, me parece que lo más grave es lo que significan estas puestas en escena. Allí hay discursos que dan por buenas determinadas cosas, que desestiman otras y -sobre todo- que alientan explícitamente al ejercicio del asesinato estatal.
Después del asesinato de Rafael Nahuel, Macri explicitó la doctrina que busca imponer: «Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse«, le dijo a su gabinete, según el medio ultraoficialista Clarín (ver enlace).
En una conferencia de prensa, Macri repitió ese concepto en público; dijo que no entendía el fallo de la Cámara que confirmó el procesamiento de Chocobar por homicidio agravado ya que el policía «perseguía a un asesino». Con un tono descalificador -que usa con bastante frecuencia- el presidente disparó (figuradamente, en este caso): «¿qué esperan esos tres jueces?¿pretendían que lo dejara escapar?».
Anteriormente, cuando se conoció que un joven había muerto durante la represión contra una comunidad mapuche en Villa Mascardi, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich declaró en una conferencia de prensa que ellos le dan «carácter de verdad a la versión de Prefectura». Si alguien pensaba que se trataba sólo de una posición desafortunada de la funcionaria asociada a sus hábitos etílicos, la presencia sombría del Ministro de Justicia (y ¡Derechos Humanos!) Germán Garavano dejó en claro que sus palabras son las del gobierno en su conjunto.
¿Puede un policía o un efectivo de cualquier fuerza, aún asumiendo que él mismo fuera intachablemente honesto, decidir en segundos o minutos si alguien es culpable de un delito y al mismo tiempo disponer la condena inmediata? ¿la exigencia de que se respete el principio de inocencia implica adherir al vilipendiado «garantismo» y ser -de acuerdo a la prédica mediática y política- casi un cómplice de los delincuentes?
Esa desvalorización del principio de inocencia no se aplica cuando quienes cometen los delitos son integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios o grandes empresarios. Así como defendieron a Chocobar y a los Prefectos involucrados en el crimen de Rafael Nahuel, perdonan las multimillonarias deudas con el fisco de empresarios multimillonarios (denle una mirada El Agujero Negro del Blanqueo para conocer algunos nombres), defienden a quien ostensiblemente elude fallos judiciales (como Joe Lewis) y ensalzan a quienes ejercen la violencia contra gobiernos de signo diferente (queda en evidencia por los aplausos a la oposición venezolana).
No quedan dudas: para el gobierno y los jueces afines, el principio de presunción de inocencia sólo se aplica a funcionarios (actuales), a policías y eventualmente a sus familiares y amigos.
Para los demás, desde opositores politicos circunstanciales hasta jóvenes de las barriadas comunes, rige la sospecha. Se lo puede encarcelar sin que haya sentencia, se lo puede acusar con unos pocos indicios y, claro, se lo puede matar.
No es el delito en sí lo que impugna el gobierno; ni siquiera un delito en particular. Justifica el accionar de «los propios» y descalifica al de los demás, con mayor virulencia si se trata de opositores o de sectores sociales estigmatizados por las clases sociales en las que se asienta el macrismo.
El poder actual señala que está bien evadir si se tiene mucho dinero (y si no se tiene vínculos ostensibles con el gobierno anterior); está bien dejar que se muera un extranjero pobre por falta de atención en nuestros hospitales; está bien que alguien pierda su trabajo porque no cumple con las metas que necesitan sus patrones. Cualquier protesta y objeción ante esas verdades oficiales, está mal y merece impugnación, degradación y castigo.
Con los casos Chocobar y Rafael Nahuel el mensaje va más allá: está bien matar. Está bien matar a los otros, no debe haber condena para el que lo hace, sin importar la forma, sin importar los procedimientos, sin tener en cuenta si uno tenía un arma moderna y el otro nada, o a lo sumo piedras y palos.
El mensaje llegó a las fuerzas de seguridad: después de la defensa grosera de Chocobar, otro policía del Grupo Halcón mató por la espalda a un joven de 18 años que habría querido robarle el celular, y efectivos de civil balearon un auto en Wilde, creyendo que llevaba ladrones adentro.
La otra cara de la moneda queda a la vista con el caso de Rafael Nahuel: a 3 meses de su asesinato por la espalda, sin que haya ninguna prueba del supuesto enfrentamiento (al contrario, hay elementos que lo desestiman), y conociéndose que la bala criminal es de las que usa la Prefectura, no hay un solo policía procesado y están todos en libertad.
A esta altura, considerarlo sólo como un cálculo proselitista o un lavado de imagen me parece, cuanto menos, una ingenuidad riesgosa.
