Publicado originalmente en 16 de diciembre de 2018.
En el próximo mes de marzo los jubilados cobrarán un aumento calculado en base a la inflación y la variación de salarios acumulados durante 3 meses, luego de pasar medio año con el mismo sueldo. En cambio, la fórmula derogada por la reciente reforma contemplaba los aumentos salariales y la recaudación de 6 meses. Estos datos bastan para comprender que la nueva fórmula arranca con un hachazo sobre los sueldos de los mayores.
El gobierno podría haber buscado pretextos del tipo de «es una decisión dolorosa pero necesaria», o sostener un galimatías abstracto e incomprensible. En vez de eso el presidente de la Nación y varios funcionarios de alto rango (incluyendo a la inefable Elisa Carrió) optaron por afirmar que la ley es maravillosa y que no le recorta nada a los jubilados. Repasemos: en el mensaje de año nuevo, Macri dijo que «les garantizamos a nuestros abuelos que sus ingresos van a crecer por encima de la inflación»; Carrió prefirió la red Twitter para asegurarles «a todos los jubilados en general (…) que, la ley es absolutamente beneficiosa, hay un pequeño problema que se puede subsanar o compensar el año que viene» (el destacado es mío).
Podría pensarse que tal alarde de cinismo es una actitud excepcional para confundir a la población sobre las consecuencias de un proyecto que perjudicará a una parte sensible de la población y que -por lo tanto- el gobierno busca disminuir el costo político. Pero no: las afirmaciones por fuera de cualquier sustento empírico parecen constituir la doctrina epistemológica de Cambiemos.
El presidente se animó a afirmar que la empresa offshore que lo tenía como directivo no había tenido actividad, que su amigo Lewis había mejorado el acceso al Lago Escondido, o que el año pasado los salarios docentes crecieron por encima de la inflación. Un artículo de febrero del año pasado repasaba siete de las afirmaciones del mandatario que habían sido desmentidas por los hechos o por información públicamente disponible. Por supuesto que el muestrario presidencial no se agota allí: en octubre del 2016 aseguró que «la inflación ya está bajando» -acaso envalentonado por el 1,3% que el INDEC había registrado el mes anterior- pero unos pocos meses después el aserto quedó pulverizado: a lo largo de todo 2017 sólo el mes de junio registró un incremento menor, según los datos del mismo organismo. Más aún: en abril y en febrero el IPC resultó casi el doble que en aquel lejano mes de septiembre, y en diciembre la marca fue aún mayor.
En mayo el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne exaltó la recuperación económica , sobre la cual dictaminó sin la menor sombra de duda que el consumo iba en crecimiento «porque se están expandiendo las exportaciones». La testaruda realidad marcó que en junio, agosto y noviembre las exportaciones cayeron respecto de 2016, según datos del organismo estadístico nacional.
Marcos Peña, un adalid del disparate performativo
Uno de los rubros en los que el oficialismo desplegó con holgura su doctrina epistemológica fue en lo que se refiere al voto electrónico: El año pasado Macri sostuvo que «hay tecnología de sobra para que estemos tranquilos, esto está muy desarrollado en el mundo «; hace poco, Marcos Peña dijo que esperaba que las elecciones pasadas fueran las últimas con boleta de papel «que prácticamente ya no se utiliza en ningún lugar del mundo». Lo cierto es que el propio gobierno encargó al CONICET un informe sobre la implementación del sistema, pero la comisión de experto dictaminó en contra: «se recomienda no avanzar en el corto ni mediano plazo con la implementación de un sistema electrónico para la etapa de emisión de voto», dispara el informe en sus conclusiones, siendo ésa una de las oraciones más contundentes en la cuidada redacción de los expertos. Hasta ahora, ningún conocedor real del tema -con o sin certificación universitaria- avaló la viabilidad de las supuestas ventajas del voto con computadoras como intermediarias; es muy posible que se puedan pensar funciones y tareas que ayuden en el proceso, e incluso que brinden más transparencia a la difusión y al manejo de los resultados electorales, pero el primer paso para tal cosa sería definir claramente los objetivos, realizar una gran cantidad de pruebas y someter el sistema al estudio crítico de especialistas independientes… excepto, claro, que lo que realmente se busque no sea mejorar el sistema electoral.
El ejemplo más tétrico y explícito del ejercicio de la prescindencia de los hechos que campea en el discurso oficial es, seguramente, el de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en referencia al asesinato del joven Rafael Nahuel. La funcionaria declaró que las autoridades «no tienen que probar nada», y que le dan «carácter de verdad a la versión de la Prefectura». La morosa investigación que lleva adelante el juez Villanueva (el mismo que ordenó la represión original) no halló ningún sustento a las afirmaciones sobre un enfrentamiento armado con los mapuches: no sólo no encontró las armas que el gobierno aseguró que tenían, sino que tampoco encontró ninguna evidencia de que se hubiera disparado alguna: ni huellas de impactos de disparo, ni vainas, ni ningún elemento que avale la versión de la poderosa ministra, pese a haber auscultado el terreno con detectores de metales y con la participación de peritos de todas las partes.
Estos ejemplos podrían multiplicarse, pero miremos sólo una más, por ser demostrativo de la continuidad de la práctica: el 2 de enero Macri afirmó que «estamos creciendo hace quince meses en forma ininterrumpida», pese a que las cifras del INDEC marcan que en los trimestres tercero y cuarto de 2016 el PBI marcaba negativo respecto del año anterior. Ese mismo día el mandatario desafió sus propios récords cuando dijo que «no queremos seguir tomando deuda y obligar a nuestros hijos y nietos a pagarla»; desde entonces, el gobierno emitió cerca de US$ 20.000 millones nueva deuda a pagarse en hasta 35 años.
Algunos todavía nos sorprendemos -aunque cada vez menos- de esa capacidad de afirmar cualquier cosa, de reducir los problemas a sentencias huecas y completamente independientes de lo que sostienen los hechos o lo que indican los datos. Es cierto que todo gobierno miente o exagera con frecuencia, pero el caso actual alcanza niveles cualitativamente superiores, en los que todo intento de debate basado en hechos, razonamientos y/o elementos de la realidad, se vuelve completamente imposible.
La discusión tiende a reducirse al abuso de las calificaciones, a desacreditar a la persona que se expresa antes que a sus palabras. El reino de las redes sociales resultó ser un terreno fértil para esa esgrima, poblándose de trolls vocacionales y profesionales capaces de generar tendencias y opiniones. Y, claro, el lilliputismo intelectual cuenta con la inestimable ayuda de grandes medios de discusión, dispuestos a bombardear la certeza de que el Rey no está desnudo… o a mostrar planos cortos que impidan ver la desnudez.
