Miércoles 30 de octubre. El gobierno despidió a la Canciller Diana Mondino por haber votado junto a una aplastante mayoría de países en contra del bloqueo norteamericano contra Cuba.
Desde la “Oficina del Presidente” se difundió un comunicado informando la renuncia de la ex funcionaria, enfatizando que el gobierno se opone “categóricamente” a la “dictadura cubana” y exigiendo que todo el personal diplomático “refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales”-
Es evidente que ni la “libertad” ni los “derechos individuales” incluyen, para este gobierno, la posibilidad de que alguien piense diferente a él.
La palabra “libertad” aparece reiteradamente en el fárrago de la fuerza gobernante, repetida como mantra, como conjuro, pero con un significado profundamente alejado de la realidad concreta de su gestión.
Es claro que el vocablo en cuestión tiene varias acepciones. La Real Academia (a la que tanto se apela cuando se busca cuestionar expresiones relativas a la igualdad de género)computa una docena de significados, empezando por aquella que la refiere como la facultad natural del hombre (parece que no de la mujer) de “obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”.
En ninguna de sus variantes encaja la potestad del Gobierno de echar a personal por sus ideas. Y podría considerarse agravante de esa impugnación que el rechazo al bloqueo unilateral de USA juntara el apoyo de 187 países contra sólo 2 votos negativos (Estados Unidos e Israel) y 1 abstención (Moldavia). Sólo faltaron Ucrania y Venezuela.
Ni la libertad de expresión ni la libertad de prensa parecen estar comprendidos en el extraño término que Milei y sus seguidores esgrimen. Como botón de muestra, mencionamos la nota de Clarín del 30 de septiembre pasado titulaba “Otro ataque de Javier Milei al periodismo: dijo que el 85% ‘miente todo el tiempo’”.
Ya en junio Amnistía Internacional había advertido que en el país la Libertad de Expresión estaba bajo ataque, no sólo por los insultos recurrente contra periodistas sino también por acciones legales contra comunicadores, llevadas adelante por sus funcionarios.
Diversos medios del mundo, así como organismos de Derechos Humanos, destacaron también la decisión oficial de restringir el derecho al acceso de información, establecida por decreto presidencia (El País de España, France 24, CELS, por ejemplo).
En las reparticiones públicas el gobierno autodenominado “libertario” impuso censura pura y dura. En febrero prohibió el uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales. En julio, las autoridades del INTA -encabezadas entonces por Juan Cruz Molina Hafford- prohibió que en los comunicados internos y en las redes se utilizaran los términos “agroecología”, “cambio climático” y “biodiversidad”, entre otras. El ingeniero agrónomo cordobés que presidía la institución terminó renunciando hace un par de semanas, al parecer en desacuerdo con una nueva tanda de despidos impulsada por el gobierno.
Otro ejercicio de censura se perpetró en Parques Nacionales, donde la Directora de Comunicación instruyó a las dependencias que no mencionaran el año nuevo mapuche.
El cercenamiento de libertades no se agota, ni mucho menos, en la persecución al uso de palabras. El gobierno ha tomado numerosas medidas para restringir la acción social y sindical de protesta, derechos que son básicos para el ejercicio de la democracia.
Apenas asumió la gestión nacional, la recurrente ministra Patricia Bullrich estableció un “protocolo antipiquetes” pretendiendo que las protestas se limitaran a caminatas por las veredas, so pena de sufrir una violenta represión e imputaciones penales de variada índole. Varias Relatorías de las Naciones Unidas advirtieron al gobierno que “no imponga restricciones indebidas al derecho de reuníón pacífica”. El instrumento declara como delito en flagrancia a cualquier manifestación que perturbe la circulación, poniendo a esta última por encima del derecho a peticionar, a reunirse, a expresarse colectivamente, etc. La Justicia aún no tomó resolución definitiva sobre el tema -aunque el juez Casanello había pedido en febrero que se ajustar a lo manifestado por la ONU- por lo que las fuerzas federales siguieron deteniendo manifestantes, hiriendo personas con armas menos letales y calificando como “terroristas” o “golpistas” a quienes cuestionaban sus medidas (o las consecuencias de sus medidas).
No se puede hablar de libertad cuando asistir a una manifestación puede poner en riesgo la propia integridad. No hay cumplimiento de estándares internacionales si no hay investigación sobre el accionar de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Por el contrario, la propia Bullrich es capaz de negar lo evidente, lo que está ampliamente documentado, como el hecho de que un policía arrojara gas al rostro de una niña de manera alevosa.
Los detenidos en la protesta por la llamada “Ley Bases” ponen en evidencia de que se trata de un recurso preparado y aceitado para reprimir. El 12 de junio detuvieron a 33 personas, el fiscal Stornelli los acusó de una sarta de delitos graves, basándose sólo en testimonios policiales. A los 2 días la jueza actuante (Servini de Cubria) liberó a 17 de los imputados, y el 18 liberó a otros 11. La últiima persona detenida recién salió en libertad en septiembre, luego de casi 3 meses de prisión. Hay numerosos testimonios sobre vejaciones sufridas por los manifestantes apresados, hecho sobre el cual no hubo suficiente investigación ni mucho menos reparación.
Así como ataca al derecho a la protesta, el gobierno también embiste contra formas de organización de trabajadores y desocupados. Inicia demandas legales contra dirigentes, aprovechando el poder de los grandes medios de comunicación prestos a consolidar las campañas oficiales; si la investigación judicial no arroja los resultados esperados, no importa mucho porque eso no se reflejará en los medios.
Ante el paro de gremios de transporte, el gobierno usó la aplicación Mi Argentina no sólo para desacreditar la medida, sino para culpar a algunos dirigentes e imponer su sesgo ideológico a un mercado cautivo, como son los usuarios de esa aplicación.
¿De qué libertad, entonces, hablan los adláteres del oficialismo?.
Hay sectores que seguramente hoy pueden hacer cosas que antes no podían, aunque a costa de otras personas. Se despide personal con menor costo de indemnización, se puede tener empleades en negro sin riesgos de multa, se pueden comprar algunos bienes en el extranjero con mayor simplicidad.
No es casual que quienes disfrutan de tales “beneficios” sean quienes tienen mayor poder económico. Son los que lucran en base al trabajo de otros, a quienes se les licuó el valor de sus salarios y se le amputan medios para que se defiendan de los abusos.
En el listado de acepciones de la RAE, “libertad” también significa “Falta de sujeción y subordinación”. La eyección de Mondino muestra una clara subordinación del país a los mandatos de Estados Unidos, como antes ocurrió con el coto en contra de la resolución de la ONU que exigía “poner fin a su presencia ilegal en el Territorio Palestino Ocupado”, aunque en ese caso estuvo acompañada por un puñado de ex colonias, además de Estados Unidos e Israel.
Aunque hable de Libertad, el gobierno y su espacio político no tiene mucha afinidad con ella. La libertad es otra cosa.
