Una civilización extraterrestre quiere adueñarse de la Tierra, pero teme a la velocidad del avance científico tecnológico de los humanos. Ese es uno de los nudos sobresalientes de la novela “El problema de los tres cuerpos”, del escritor chino Cixin Liu.
Un personaje de esa obra -un ex policía con malos antecedentes y aguda percepción- dice en un momento “…tienen un plan metódico y concienzudo. Primero dañan las infraestructuras científicas, luego matan a los investigadores o bien los torturan psicológicamente hasta que acaban suicidándose”, señalando poco después que “siempre ha habido gente que ha realizado acciones en contra de la ciencia, pero nunca de forma coordinada.”,
Las citas corresponden al capítulo “Matar a la Ciencia” de la novela mencionada. En la Argentina de hoy vemos que la realidad a veces imita y a veces supera a la ficción, aunque no tengamos indicios de que se trate de extraterrestres quienes están desarmando el entramado científico del país, ni quienes alientan a una generación de comunicadores y trolls a desacreditar la investigación científica.
La llegada de Javier Milei al gobierno marcó el inicio de la destrucción sistemática de las capacidades científicas del país, a través de 4 herramientas:
- Disolución de los salarios de investigadores y personal de las universidades
- Ahogo presupuestario, que a su vez también tiene dos vectores: la licuación del presupuesto por inflación y la subejecución (es decir, el envío de menos recursos de los que están comprometidos)
- El achicamiento de instituciones, mediante el despido de personal (frecuentemente bajo el eufemismo de “no renovación de contratos”), la intervención y cambio de funciones de los organismos, la parálisis por vías burocráticas o de gestión
- La desacreditación social de la ciencia y de las personas que trabajan en ella, mediante el aparato propagandístico conformado por trolls, “influencers”, y grandes medios de comunicación.
El último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) sobre la evolución de los salarios del sector destaca que lxs trabajadores tanto de la carrera de investigador científico como de personal de apoyo los haberes perdieron un 34,8% de su poder adquisitivo desde que asumió Milei. En las Universidades, la caída es de algo más del 29%.
El ahogo salarial llevó a muchxs trabajadorxs del sistema a dejar voluntariamente su puesto, a veces por tener mejores opciones profesionales en el sector privado o en el exterior, otras simplemente porque existen muchas formas de obtener ingresos superiores en contextos menos exigentes. A esto se suman los despidos perpetrados por el gobierno, generalmente bajo la figura de “no renovación de contrato”, que visibilizó la expulsión de trabajadorxs ceintíficxs sin siquiera gastar en un telegrama. El resultado en conjunto es la desaparición de numerosos puestos de trabajo perdidos en el sector. Según otro informe del CIICTI, desde diciembre de 2023 se perdieron 4.148 empleos científicos. https://chequeado.com/el-explicador/ajuste-en-ciencia-el-gobierno-de-javier-milei-recorto-un-55-del-empleo-en-el-sistema-cientifico/
Además de las expulsiones de trabajadores científicos, el gobierno también impidió la incorporación de nuevos investigadores cuyos ingresos ya estaban aprobados luego de haber superado cada aspirante una larga y difícil cadena de instancias evaluatorias. En su informe ante el Congreso del 16 de abril último, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que la incorporación de las 845 recomendadas para ingresar a la Carrera de Investigador Científico del organismo dependería de los recursos que se destinaran a ello y de la “pertinencia”de los planes de investigación.
La destrucción del sistema científico se ejecuta también con la compactación del presupuesto destinado a todas las instituciones del sector.
Según el CIICTI, a partir de la Decisión Administrativa 3/2025, la inversión estatal en ciencia en el corriente año será la menor de la historia: se estima que en 2025 llegarán a representar el 0,157 del PBI, mientras que en la crisis de 2001/2002 ese porcentaje llegaba a 0,17%. La caída se evidencia más con la comparación con 2023, cuando dichos fondos sumaron un 0,302% en 2023. Cabe recordar que la Ley 27.614 estableció la asignación creciente de la inversión en Ciencia y Tecnología, previendo destinar en 2025 un 0,45%.
El ahogo no sólo se perpetra mediante el recorte, sino también reteniendo fondos externos que estaban destinados a proyecto de Ciencia y Técnica, por un total algo mayor a los u$d 53 millones. Se trata de dinero que no incide en las cuentas fiscales, pero que igualmente el gobierno retiene, demostrando que sus objetivos van más allá del superávit.
El achicamiento opera también mediante cambios en las funciones y fusiones de organismos que forman parte del sistema científico. Tales modificaciones fueron concedidas al solo arbitrio presidencial mediante la llamada ley de “Bases”. Ejemplo de esto es la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y el Servicio Geológico Minero (SEGEMAR), dispuesta mediante el decreto 396/2025, con el supuesto objetivo de “mejorar la eficiencia administrativa”, pero sin tomar en cuenta ningún dictamen técnico respecto de las funciones de esas instituciones.
El mismo decreto transforma el Instituto Nacional del Agua (INA) en una dependencia de la Secretaría de Obras Públicas. El organismo tiene a su cargo tareas científicas relativas al desarrollo de acciones referidas al agua, su calidad, la prevención de inundaciones, entre otras funciones que ya estaban comprometidas por el desfinanciamiento y que ahora se enfrentan directamente a su anulación.
De terraplanistas y Antivacunas
Este asedio brutal a lxs trabajdores de la ciencia y la educación, así como a los organismos que desarrollan investigación y tecnología, viene de la mano de una campaña multimedial contra la Ciencia misma, contra disciplinas enteras, detrás de discursos de odio.
Un ejemplo emblemático de tales operaciones es la diputada e influencer Lilia Lemoine, quien aseguró que la tierra es plana, que el ser humano no pisó la luna, entre otras afirmaciones reñidas con el avance científico. Esa legisladora es Primera Secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, en nombre del oficialismo, hecho que ilustra dramáticamente la postura del gobierno sobre el tema.
Entre la militancia (por llamarla de alguna manera) de los autodenominados “libertarios” aundan también los “antivacunas”, adeptos a difundir teorías conspirativas carentes de sustento, ajenas a los mecanismos que la ciencia ha adoptado en cuanto a revisión por pares, repetibilidad, etc. El auge de tales actitudes se apoya en rasgos que a veces son reales (el interés económico de los laboratorios, las falencias de los sistemas de publicación en revistas científicas) pero no para producir mejor ciencia sino para anularla, para igualar la validez de cualquier discurso.
El asedio a la ciencia también apunta contra científicos con nombre y apellido, ya sea por sostener algo que le incomoda al gobierno, por tener actitudes críticas o simplemente por negarse a aceptar ciegamente los dictados del poder en sus propios ámbitos académicos. La práctica del “doxeo” (revelar datos personales en las redes) y el hostigamiento digital son parte del menú de los seguidores del gobierno contra investigadores.
Merece una mención especial la agresión hacia las Ciencias Sociales, cuyas temáticas y métodos buscan desacreditarse a diario. La tropa mileísta y sus seguidores apuntan contra todo lo que tenga que ver con investigaciones sobre género, sobre desigualdad, sobre cultura, lo que significa en concreto la impugnación del Poder contra el pensamiento crítico. La producción de conocimientos tiene contextos y tiene consecuencias, sobre las que el dispositivo censor quiere evitar toda reflexión.
Modelo original
En los Estados Unidos, el gobierno de Trump también arremete contra la ciencia y sus instituciones.
Según repasa The Economist, desde que asumió el mandatario quitó unos 8.000 millones de dólares al sector científico, y habría mochado un monto sensiblemente mayor de no haber sido detenido por fallos judiciales.
Los recortes no son iguales en todas las áreas: las más de 3000 cancelaciones de la NSF y la NIH se refieren a temas que a Trump “no le gustan”, como temas de género, cambio climático, COVID 19 o vacunas.
Los hachazos también actuaron como mecanismo de censura y totalitarismo: e la Universidad de Columbia le quitó fondos porque no habría hecho lo suficiente para sancionar a estudiantes que se manifestaron contra la masacre israelí en Gaza.
En ese escenario emerge la designación de un célebre antivacunas, Robert Kennedy Jr., al frente del Departamento de Salud estadoundense.
Y explica otro desatino libertario: la intención de abandonar la Organización Mundial de la Salud, expresada ostentosamente por Trump y Milei, sin atender a las consecuencias profundamente negativas que traería para la población de sus países -véase, por ejemplo, The Conversation,o la revista Medicina (Buenos Aires)– .
La Argentina vive en carne propia este proceso destructivo, que amenaza con privar al país de herramientas para un desarrollo independiente, con producción científica y tecnológica acorde a las necesidades de la sociedad y las mayorías.
Pero no es exclusivo ni original.
Desde los principales centros de poder del Imperio se impulsan estos movimientos, que -como muchas veces requiere el capitalismo- busca privar de medios a la mayoría para convertirlos en mano de obra subordinada y consumidores acríticos.
La defensa de la Ciencia nacional, de la educación pública, es una necesidad para que el país construya su propio futuro.
Los extraterrestres que imaginó Cixin Liu no hubieran necesitado de complejos dispositivos tecnológicos para bloquear el avance científico (lo que sea que eso signifique). Presidentes como Trump y Milei serían armas suficientes para facilitar la invasión.