Publicado originalmente el 8 de octubre de 2018.
Avanza la legislación represiva y se deteriora el estado de derecho en la Argentina, con un gobierno que juzga la democracia en otros países y entrega la gestión económica al FMI.
El hombre dijo que lo hacía para defender la soberanía, pero ha venido deteriorándola sistemáticamente. Dijo que celebraba el consenso, pero impuso su decisión (en plena coincidencia con las intenciones del Departamento de Estado norteamericano) sin escuchar a nadie y evitando el debate incluso en el parlamento.
Estoy hablando de la decisión, prevista y temida, de utilizar a las fuerzas militares en la vigilancia y en la represión interna.
El avance se materializó mediante un decreto, el 683/18, en el que se reorientan las hipótesis de conflicto bajo las cuales actuarán las Fuerzas Armadas, permitiendo además su intervención en tareas de seguridad interior.
El anuncio de estos cambios profundos estuvieron a cargo del propio presidente, dotando de mayor simbolismo a la medida al hacerlo desde un escenario donde funcionó un Centro Clandestino de Detención: Campo de Mayo.
Unos días después se publicó otro decreto modificando la Directiva de Política de Defensa Nacional donde el gobierno vuelve a ejercer el cinismo para justificar el redireccionamiento del rol de los militares. Un repaso más completo de este nuevo decreto está publicado en ANCLA.
En el nuevo decreto se precisa un poco más la dirección hacia la que van los cambios, presentados -eso sí- con alguna terminología justificatoria que parece referirse a ideales nobles.
El nuevo mamotreto habla de defender la «soberanía e independencia de la Nación Argentina», aunque el gobierno no hizo nada para defenderla; antes bien, se ha mostrado bastante dócil con las demandas de los centros de poder mundiales. Cualquier duda en ese sentido quedaría despejada con sólo recordar que el parlamento argentino aprobó con debates un presupuesto para el año en curso, y que ese presupuesto se modificó a instancias del Fondo Monetario Internacional sin que se sometieran los cambios ni siquiera a una teatralización de debate (como, de hecho, fue el tratamiento del presupuesto).
El texto habla de «ejercer una vigilancia y control efectivo sobre los espacios geográficos con reservas de recursos estratégicos»; distintos medios explicaron -en base a declaraciones de funcionarios- que estas palabras se refieren a -entre otros- Vaca Muerta. Tal «protección» no apunta a preservar sus recursos para potenciar a nuestro país, sino para ponerlo en manos de «inversores»: se tratará de vigilar (y castigar) para asegurar negocios ajenos.
En febrero último se creó una «Fuerza de Despliegue Rápido», entre cuyas tareas -según Infobae- estaba la de enfrentar a «grupos violentos mapuches» que según el gobierno amenazarían a los recursos naturales nacionales.
En junio pasado, una nota publicada en Russia Today (RT) afirmaba que » la compra de armas a Estados Unidos y a otros miembros de la OTAN y aliados como Israel, se ha transformado en moneda corriente». Teniendo en cuenta los posicionamientos de la Directiva mencionada más arriba, se infiere que sólo hay dos destinos posible: la participación en operaciones de interés para los Estados Unidos (enmascaradas como acciones de instancias multilaterales) o la represión interior.
El rol que se asigna a las Fuerzas Armadas adquiere una mayor densidad a la luz del discurso punitivista de la llamada «doctrina Chocobar» (ver artículo anterior), de la apelación a conceptos hitlerianos por parte del presidente Macri y de las reformas impuestas recientemente en la legislatura porteña, habilitando la infiltración de organizaciones y la utilización de informantes pagos en una gran variedad de potenciales delitos, limitando a la vez el derecho a la defensa de lxs detenidxs (Ver artículo del CELS).
Esta semana trascendió que el gobierno destinó $200 millones para adquirir tecnología a Israel que permite revisar las interacciones en las redes (incluyendo redes sociales, blogs, e incluso el servicio TOR para preservar el anonimato) con la supuesta intención de «comprender las acciones que grupos delictivos y hackers pudieren planear contra el Ministerio de Defensa o el país» (según informó el portal SomosTelam, a cargo de los trabajadores de la desguazada Agencia Estatal). Los requerimientos fijados por el gobierno para la tecnología en cuestión quedaron bajo secreto militar, fuera del escrutinio de la sociedad.
Seguramente, todo gobierno intenta destacar sus cualidades y vincular sus decisiones con el interés común y con objetivos altruistas; no siempre (incluso raras veces) es así, por supuesto. Pero este gobierno ha hecho un culto sistemático de la escisión entre sus afirmaciones y la realidad. Así escuchamos hablar de «brotes verdes», de «mejor equipo de los últimos 50 años», de «diálogo»; el propio Macri fue capaz de decir en marzo de este año que su gobierno está «combatiendo la pobreza y bajando la inflación».
No extraña, entonces, que Macri denuncie al gobierno de Maduro como «dictadura», como si en su gestión no hubiera represión, presos políticos, jueces federales designados sin acuerdo del senado. Y tampoco sorprende que hable de defender la soberanía argentina, luego de entregar el control económico al FMI, de sostener a un magnate inglés violando la ley y usurpando el acceso a un lago, y no mover un dedo para frenar la fabulosa fuga de divisas que termina siendo soportada por la gran mayoría de la población.
