“Si no puede demostrar lo que desea, demuestre otra cosa y haga ver que es lo mismo”.
La sentencia aparece en el capítulo 7 de “Cómo Mentir con Estadísticas”, libro de Darrell Huff donde se develan algunos recursos usados para engañar a la gente (o para hacer pasar por verdadera información no comprobada), valiéndose de asertos y gráficos basados en la afamada rama de la matemática.
Algo similar es lo que perpetran Soledad Acuña, Ministra de Educación porteña, o las autoridades salteñas cuando aseguran que “las escuelas no contagian” para justificar la decisión de mantener la presencialidad de las clases en medio de los niveles más altos de contagio de COVID-19 registrados desde la llegada del SARS-CoV2 a la Argentina. Lxs funcionarixs utilizan datos inadecuados para asegurar que no hay contagios en los establecimientos escolares, evitando referirse a la incidencia en la propagación de la enfermedad que podría ocasionar el traslado cotidiano de miles de personas en horarios limitados. Tampoco explican la metodología usada para obtener los datos esgrimidos, los que tampoco están accesibles para que otras personas puedan analizarlos.
No está bien. Está mal
A fines de marzo, Acuña aseguró en una entrevista que sólo el 0,17% de las personas que asisten a las escuelas se contagió de COVID-19 durante el primer mes de clases. La llamativa cifra surge de dividir los 1.250 casos que registró la Ciudad por las 700.000 personas que se movilizan hacia los establecimientos educativos, según palabras de la propia funcionaria (véase Chequeado.com.).
Ya en abril, la Ministra retomó la misma línea argumental, actualizando el porcentaje en cuestión al 0,89%. Tomando las mismas cifras expuestas antes, se trataría de más de 6.200 personas.
Las afirmaciones de la Ministra asumen que:
- En toda la comunidad educativa, las únicas personas que se contagiaron en ese período son las que registró el gobierno porteño. No hubo gente no testeada o no diagnosticada (con síntomas o sin ellos) que hubiera contraído el virus.
- La movilización de 700.000 personas (muchas de las cuales se trasladan por transporte público y en horarios delimitados) no tiene incidencia en el crecimiento de casos en la población.
- El punto anterior sugiere que las más de 6.000 personas contagiadas en el ámbito escolar no contagiaron a nadie más, o -en todo caso- contagiaron a tan poca gente que no tiene relevancia estadística ni epideiológica.
Los mismos números expuestos por el gobierno porteño podrían mostrarse de otra forma: si el 22 de marzo (primera entrevista) había 1.250 casos y el 20 de abril había 6.230, se puede decir que la cantidad de contagios en la comunidad educativa porteña creció casi un 500% en menos de un mes (un 498%, aunque es más impactante expresarlo con el siguiente número redondo).
El mayor problema de los números arrojados por la ministra porteña es que no se sabe de dónde salen. Es fácil comprobar que no surgen del testeo de la totalidad de los integrantes de la comunidad educativa bajo su jurisdicción (basta con la comprobación de que hay docentes que nunca fueron testeadxs), por lo que se trata de una muestra o quizás -muy probablemente- surge sólo de considerar cuántos de los casos confirmados oficialmente en el período correspondían a individuos pertenecientes a la comunidad mencionada. En ambos casos la representatividad de la cifra es incomprobable. En el primer caso, la muestra debería seleccionarse de manera aleatoria (todxs lxs docentes con igual probabilidad de ser incluidos, o estratificada según criterios que aseguren o permitan suponer razonablemente que no haya sesgos) para recién entonces inferir el porcentaje de personas contagiadas, dentro de un rango de probabilidad determinada, algo que tampoco se expresa en las palabras ministeriales; en el segundo caso, no existe forma alguna de vincular la representatividad de los casos registrados respecto de ningún conjunto de personas en particular, ya que no existen motivos para suponer que las personas cuyo posible contagio se testea habría de respetar las proporciones de distintos ámbitos de la sociedad.
No se conoce cómo se generaron los datos, cuál fue la metodología de la muestra (si es que la hubo), cuál es el intervalo de confianza y con qué margen de error. Cuando eso no está sobre la mesa, de forma públicamente accesible y con la posibilidad de ser analizado y -eventualmente- refutado, las supuestas evidencias son sólo sarasa maquillada con números.
En Salta también se consigue
Como en un espejo un poco desgastado, la sarta aseverativa de Acuña resuena en Salta con pocos cambios y menos números.
El 12 de mayo pasado, el Ministro de Educación Matías Cánepa aseguró ante el diario El Tribuno que “el índice de contagios en las escuelas es muy bajo”. Para respaldar esa afirmación, el abogado y magister en Gestión Estratégica sostuvo que de 1800 casos sospechosos notificados en las escuelas, sólo el 15% dio positivo.
Eso significa que la “muestra” en la que se basó el funcionario no fue aleatoria, sino que se basó en los “casos sospechosos” notificados en las escuelas, las que pueden haber tenido criterios completamente diferentes para notificarlos. La expresión ministerial significa, además, que no se consideró ni siquiera la posibilidad de que en los establecimientos hubiera personas contagiadas y asintomáticas, con la posibilidad de transmitir el virus aunque no hayan sufrido (o no hubieran advertido) síntomas de COVID-19. Una muestra así tampoco permite hacer afirmaciones sobre el conjunto de personas a la que se refiere dado que, como señalamos antes, haría falta que cualquier integrante de la comunidad educativa tuviera la misma probabilidad de ser incluida en la misma; y en este caso se ha dejado afuera a quienes no tuvieron o manifestaron síntomas compatibles con COVID-19.
En la nota referida en el párrafo anterior, el titular de la cartera educativa salteña dijo también que “los alumnos que dan positivo no necesariamente se contagiaron en un establecimiento”. En esa misma oración reconoce que hay alumnxs con tests con resultados positivos para COVID-19 y que no hubo un seguimiento que permitiera realizar afirmaciones contundentes sobre el entorno en el que se contagiaron.
Ni la Ministra de C.A.B.A. ni el de Salta hacen la más mínima referencia a los mecanismos de control sobre el cumplimiento de los protocolos previstos para los establecimientos educativos, ni sobre la provisión de los materiales necesarios para ello. Sólo eligen algunos números que suenan bien para sus posturas, ignorando cualquier observación que pudiera poner la relevancia de aquéllos en tela de juicio y eludiendo publicar los detalles acerca de cómo se obtuvieron esas cifras; este último punto impide cualquier evaluación independiente de la metodología usada, lo que -en definitiva- vuelve imposible basar seriamente en ellas cualquier opinión o decisión.
Vacunas tardías
La presencialidad en C.A.B.A llevaba ya 110 días cuando el gobierno de Rodríguez Larreta completó la vacunación (al menos parcial) de la mayoría del personal de las escuelas.
Recién el lunes pasado las autoridades porteñas informaron que se había completado la vacunación de la totalidad de lxs docentes que se registraron. Según consignó Infobae, se trata de la aplicación de la primera dosis a 85.000 docentxs y no docentxs, habiendo sido excluido sólo quienes ya habían accedido a la vacuna, quienes cursaban alguna circunstancia que desaconsejaba la aplicación, y quienes se negaron por motivos personales.
Desde el 17 de febrero hasta el 10 de junio fallecieron 28 trabajadorxs de las escuelas y colegios porteños.
En Salta, en tanto, el 9 de junio el Ministro de Salud, Juan José Esteban, anunció -en compañía de Cánepa- que lxs docentes de la provincia podrán vacunarse en cualquier vacunatorio con la sola presentación de su DNI y recibo de sueldo.
Habiendo transcurrido 91 días desde el comienzo de clases en la provincia, “la mayoría” de lxs docentes estaría vacunadx, según las palabras del propio Esteban.
Falacias mortales
La decisión de mantener las clases presenciales a toda costa se relaciona con una concepción ideológica que sólo utilizará las evidencias cuando le resultan útiles. No se trata de un mero capricho: es la consecuencia de una visión que prioriza la continuidad de las relaciones laborales -y con ellas, las ganancias patronales- aunque ello suponga un riesgo para lxs trabajadorxs o para la comunidad en su conjunto. Si lxs niñxs no están asistiendo a las escuelas, padres y madres podrán asistir a sus trabajos con cierta normalidad.
Seguramente es posible postular otras motivaciones detrás de la insistencia en la presencialidad escolar. Sin embargo, el supuesto interés por la educación no es una de ellas.
Si hubiera realmente preocupación oficial por los problemas educativos que acarrea la no concurrencia física a las escuelas, se hubiera priorizado la vacunación de lxs docentes (¡más de 3 meses trabajando sin completar las dosis recomendadas!) antes de que fueran obligadxs a concurrir a los establecimientos. Habría un monitoreo diario (y, preferentemente, público) de las condiciones de cada una de las escuelas, de cada aula, de cada baño.
Se podrían haber buscado formas de trasladar a lxs alumnxs a clase sin provocar aglomeraciones (transportes destinados sólo a ellxs, horarios escalonados -¿por qué todxs deben entrar a la misma hora?-). Se podría haber vacunado prioritariamente a estudiantes que no tuvieran accesibilidad a Internet en sus casas, o no tuvieran equipamiento adecuado; se podría haber proporcionado equipos para realizar actividades virtuales. Lxs docentes, ya vacunadxs, podrían haber concurrido a las escuelas para producir allí materiales didácticos y atender a quienes por alguna causa no pudieran participar de actividades virtuales. Esas medidas no reemplazarían a la educación presencial, pero permitirían seriamente mantener vínculos pedagógicos y cierta continuidad en el proceso educativo; continuidad que se rompe cada vez que una “burbuja” se cierra por la presencia de casos de COVID-19. Nada de esto estuvo jamás en el debate: sólo la presencialidad y las -innegables- consecuencias negativas de que las escuelas no estén abiertas. Reducir todas las magnitudes del debate sólo a un aspecto no puede considerarse como un abordaje serio.
Las medidas enumeradas en los párrafos anteriores requerirían de fuertes inversiones del gobierno. Y esa es otra clave de la cuestión: se prefiere destinar más de 500 millones de pesos al voto electrónico (en Salta) u otorgar más presupuesto a las comisarías que a las escuelas (Ciudad de Buenos Aires) antes que a apuntalar las condiciones de la presencialidad cuya importancia tanto declaman.
Si bien los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y Salta se destacan por su posición de “presencialidad a toda costa”, el Ministro de Educación de la Nación supo abonar posiciones similares hasta que el gobierno nacional se vio ante el mayor crecimiento en el número de casos desde que comenzó la pandemia.
Mientras tanto, desde el comienzo de la actividad presencial han fallecido al menos 30 trabajadorxs de las escuelas porteñas, mientras que en Salta -al 6 de junio- esa cifra llegaba a 13, según consignó Tiempo Argentino en base a un relevamiento realizado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego (SUTEF).
En lógica se llama “falacia” a un razonamiento que parece correcto pero no lo es. La comunicación de los gobiernos sobre la continuidad de la presencialidad abunda en ese tipo de construcciones que no sostienen realmente nada, pero parecen justificar las decisiones oficiales. Lamentablemente, las consecuencias de gobernar en base a aquéllas ha favorecido a la segunda ola de la pandemia.
Las últimas cifras indican un descenso en el número de contagios. Ojalá que se adopten medidas serias para evitar el ingreso y/o propagación de la variante Delta (detectada por primera vez en la India). Si no es así, las afirmaciones insuficientemente fundadas de los gobiernos volverán a ocupar los titulares en los medios, mientras la calamidad continuará fuera de cámara.
(1) HUFF, Darrell, et al. Cómo mentir con estadísticas. Ares y Mares, 2011.
