Prioridades más allá de las palabras: Milei vetó un pequeño aumento para las jubilaciones y se apresta a hacer lo mismo con un proyecto que busca financiar las universidades. Al mismo tiempo, impulsó rebajas impositivas y beneficios fiscales para los más ricos.
El presidente ya había adelantado públicamente que iba a vetar toda ley que altere su plan de gobierno: el 5 de junio pasado, ante el Latam Economic Forum, vociferó que “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, pasaje que puede leerse en la página oficial de la Casa Rosada.
Tan sólo 10 días después de que el Congreso aprobara una muy modesta recomposición de los haberes jubilatorios, el presidente Javier Milei vetó completamente la norma.
La decisión del mandatario se plasmó en el Decreto 782/2024 publicado este lunes 2 de septiembre en el Boletín Oficial.
De acuerdo con la publicación, el veto se fundamenta en la falta de estimación de los gastos y de las fuentes de financiamiento, además de representar un “gasto adicional” de más de 6 billones de pesos para este año. Además, el texto proclama la potestad exclusiva del presidente y el Ejecutivo de disponer sobre el presupuesto, ya que -sostiene- el programa del mandatario es “el programa que el pueblo votó al elegir presidente”. En los considerandos, el Ejecutivo también carga contra la incorporación al sistema de quienes no cumplían con los años de aportes, en un nuevo ejercicio de su relato fundacional que pretende culpar a lxs empleadxs del negreo que sufren o de la falta de reconocimiento económico de las labores domésticas y de cuidado.
La justificación oficial se basa en sesgos y mentiras, un combo pseudoargumentativo que el gobierno despliega con éxito y que caracteriza a muchos operadores de redes sociales de más de un signo político.
La cifra de 6 billones más que duplica el gasto adicional calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso bajo la modesta hipótesis de que el gobierno ya tenga previsto continuar con el “bono” de $70.000 que rige desde marzo último: se necesitarían algo menos de 2,3 billones.
De acuerdo con los datos de la misma oficina, aplicar la reforma aprobada en el Congreso implicaría un costo anual de $44.104.069 millones (algo más de 44 billones), mientras que el esquema actual (con bonos paliativos hasta fin de año) insumiría $41.809.143 millones (cerca de 42 billones). Medido en términos del PBI, las erogaciones adicionales estimadas que acarrearía el proyecto representa el 0,44%.
La queja gubernamental oculta otro aspecto relevante: que el costo que implicaría pagar este aumento es comparable a la reducción en la recaudación causada por los cambios en el impuesto a los Bienes Personales. Según la Oficina citada anteriormente, las modificaciones consagradas en la llamada ley de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes” (Capítulo II del Título III) implican una reducción en la recaudación de entre el 0,33% y el 0,41% del PBI (dependiendo de qué proporción de los afectados obtenga beneficios como ).
El gobierno de Milei mantiene de esta manera el brutal recorte de ingreso que sufrieron jubiladas y jubilados desde el comienzo de su gestión y que quedó consolidado con el DNU 274/2024, donde establece una fórmula de actualización igual a la del proyecto aprobado, pero que se aplicó recién desde junio de este año, de modo que los haberes arrancan con una pérdida inicial frente a la suba de precios de este año.
Lo más grave es que el veto mantiene los ingresos mínimos de un jubilado en septiembre en $304.540,23, los que hubieran llegado apenas a $317.704. Cabe señalar que ya en marzo la Canasta Básica del Jubilado llegaba a $685.041.-, según estimó la Defensoría de la Tercera Edad de la C.A.B.A. Si actualizamos ese valor según la inflación general, el valor de la Canasta llegaría a $844.847.- ya que desde marzo a julio los precios medidos por el IPC subieron un 23,32%. No obstante, es posible que la Canasta haya subido por encima de esa cifra, ya que “Vivienda” y “Salud” son dos de los rubros cuyos precios crecieron por encima de la inflación y tienen un impacto fuerte en las necesidades de les jubilades.
Universidades en el subsuelo
Las universidades públicas argentinas tienen un bien ganado prestigio internacional y en muchos países se las considera parte constitutiva de la argentinidad y un motivo de admiración por su carácter público, cogobernado y gratuito.
Hace ya bastante años que las Casas de Estudio funcionan con financiamiento insuficiente, valiéndose del ingenio, el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores, y eventualmente -en algunas universidades masivas- con la venta de servicios. Esta última fuente siempre ha sido controversial, ya que cuando se convierte en la principal fuente de ingresos favorece la sumisión académica al mercado y el afán de lucro en desmedro del abordaje de problemas de gran relevancia social o nacional pero que pueden no reportar beneficios económicos puntuales para su aprovechamiento industrial o comercial.
Aún así, las Universidades han seguido produciendo.
La llegada de Milei al gobierno, precedida por sus descalificaciones constantes hacia lo público, las instituciones científicas y académicas, trajo consigo la caída más abrupta del presupuesto y los salarios del sector.
Luego de la marcha gigantesca del 23 de abril, expresada a lo largo de todo el país, el gobierno aceptó mejorar el aporte estatal para el funcionamiento de las casas de estudio, sin reponer lo ya perdido en términos reales y sin recomponer los salarios docentes y nodocentes. Desde ńoviembre de 2023 hasta julio de este año, el gobierno concedió aumentos que acumulan un 80,4%, mientras que los precios medidos por el IPC aumentaron un 134,5%.
El Consejo Universitario Nacional (CIN, órgano que reune a los rectores de las Universidades) difundió un informe elaborado por un equipo de las universidades de Río Negro y San Martín. De allí surgen numerosos datos que revelan la gravedad de los salarios de la docencia de estas casas de estudio:
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- Los sueldos de docentes y nodocentes perdieron alrededor de un tercio de su poder adquisitivo
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- de lxs docentes con hasta 10 años de antigüedad, el 87% cobra salarios por debajo de la línea de pobreza. En lxs nodocentes, no cubre la canasta básica el 63% de quienes se desempeñan en las categorías más bajas con hasta 10 años de antigüedad.
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- en los primeros 7 meses del año la caída de los sueldos del sector es más pronunciada que la de lxs trabajadorxs del sector privado, el resto de lxs estatales e incluso que los ingresos de trabajadores no registrados
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- medidos en dólares, los haberes de los profesores están muy por debajo de los que perciben en los demás países de la región: algo más de la mitad de los sueldos en Bolivia, menos de la mitad que en Chile y casi la cuarta parte que en Brasil.
Además, aunque hubo una actualización de las últimas partidas presupuestarias, las Universidades no tienen ninguna garantía de que esa situación se mantenga, ya que sólo se consiguió ese recuperación parcial en base a una gigantesca movilización.
En ese marco fue que la Cámara de Diputados aprobó el 16 de agosto pasado un proyecto que establece una pauta para la actualización de haberes y presupuestos, que permitiría volver a la situación de noviembre del año pasado en términos de ingresos reales. El proyecto que obtuvo media sanción se basó en el que elaboraron legisladores de la UCR, Encuentro Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal. Los legisladores dejaron de lado otro proyecto que también se ocupaba de las becas Progresar para les estudiantes, presupuesto para ciencia y técnica, extensión universitaria, y otros temas.
El proyecto que ya tiene media sanción de diputados presenta un costo bastante menor que los analizados en el punto anterior: 0,14%, del PBI . En comparación, el costo del paliativo para las universidades que en estos momentos está en manos del Senado es inferior al 0,22% que implica la “promoción industrial” de Tierra del Fuego. Esas cifras surgen del trabajo del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina, institución enrolada en la Universidad de Buenos Aires en base a los datos de la Oficina de .
No es falta de plata
Repasando: el gobierno prefirió disminuir impuestos a quienes tienen mayores recursos (Reforma del impuesto a los Bienes Personales) antes que aceptar una levísima recomposición de las jubilaciones. Y a pesar de que es aún menor el costo fiscal de devolver a las universidades a las condiciones de noviembre pasado, el mandatario adelantó su intención de vetarla.
Es evidente que no es cuestión de plata. No hay pruritos oficiales para destinar $100.000 millones a los espías (fuera de control público, además), de perdonar deudas generosamente a quienes se sumen al blanqueo, de comprar aviones viejos y onerosos recursos para la represión. Y, sobre todo, no hay rubor alguno para pagar más de 12 billones de deuda externa -que de todos modos siguió incrementándose- aunque ni lxs jubiladxs, ni lxs trabajdorxs de las universidades, ni el pueblo en general hayan recibido beneficios de ese endeudamiento.
